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Está bien, pueden hacerlo: finalmente, la Corte Suprema dejó que Texas pusiera en marcha la ley antiinmigrante SB4... aunque aún queda un largo camino para dictar sentencia. Luego del acostumbrado tira y encoge, el Congreso y Biden pueden respirar más tranquilos. El exasesor de Trump, Peter Navarro, comenzó su sentencia de prisión.

Sigue adelante

La Corte Suprema permitió a Texas aplicar una ley que le da a la policía estatal la facultad de detener a inmigrantes indocumentados sospechosos de haber cruzado la frontera sur de manera ilegal. Y las reacciones no se hicieron esperar: el fiscal general de Texas, Ken Paxto, celebró la decisión y dijo que la ley se aplicará “de inmediato”, mientras que la Casa Blanca reiteró su rechazo a la medida. Pero, ¿a quién le toca qué en este tema?

Esto no se acaba. El fallo del alto tribunal no aborda la constitucionalidad de la ley, pero permite que la demanda presentada por el gobierno de Joe Biden siga su curso en una corte de apelaciones. Desde la Casa Blanca, aseguraron que la administración reafirma su creencia de que la ley es inconstitucional y agregaron que las personas detenidas por la SB4 podrán presentar demandas individuales contra la aplicación de la misma.

• Pero antes, los jueces liberales de la Corte Suprema expresaron sus objeciones a la sentencia, destacando su preocupación por la posible alteración del equilibrio de poder entre el gobierno federal y el estatal. Como era de esperarse, el gobierno de Biden reiteró su oposición y lo calificó de inconstitucional. A través de un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, criticó la ley por ser dañina y aseguró que el gobierno federal buscará frenar la aplicación de la medida.

• "La SB4 de Texas es un intento inconstitucional de invadir el dominio federal y podría trastocar más de cien años de política de inmigración. El gobierno de Biden se opone a la aplicación de la SB4 de Texas y continuará utilizando todas las herramientas a su disposición para proteger los derechos de las personas y la seguridad fronteriza de nuestra nación", reza el comunicado.

Derechos o límites. Los críticos de la ley la han descrito como una extralimitación del Estado en asuntos de inmigración, tradicionalmente supervisados por la legislación federal. Además, advierten posibles abusos de los derechos civiles de los inmigrantes indocumentados, como la elaboración de perfiles raciales.

• En un comunicado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que el fallo “es una derrota para el pueblo de Estados Unidos y una victoria para la intolerancia”. “Estamos al lado de la administración Biden en la lucha por proteger a los inmigrantes y nos opondremos a todos los intentos de deshumanizar y criminalizar a los más vulnerables”, agregó.

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