WASHINGTON, D.C. | OCT. 15 . 2025

UNA NUEVA ETAPA.

ANOTA ESTO.

IMAGÍNATE QUE EL EMPIRE STATE BUILDING SE LLENA DE ARENA.

Durante el huracán Sandy, los Rockaways perdieron 1,1 millones de metros cúbicos de arena, lo suficiente como para llenar el Empire State Building. 

Nueva York está en peligro.

Mira el nuevo episodio de Tierra Mía, un documental producido por Tiempo y Espacio, haciendo clic aquí. 

EN PROFUNDIDAD.

LA IA TAMBIÉN TIENE UN COSTO POLÍTICO

La inteligencia artificial ya no solo reescribe los códigos del trabajo o la creatividad: también está alterando la política. En estados clave como Virginia y Nueva Jersey, el auge de los data centers —esas fábricas de algoritmos donde respira la inteligencia artificial— está generando un nuevo frente electoral. Lo que empezó como una promesa de innovación y empleos convirtió en un conflicto sobre tarifas eléctricas, redes colapsadas y subsidios estatales a gigantes tecnológicos. El tema escala rápido: gobernadores, congresistas y alcaldes discuten quién debe pagar el precio de mantener encendido el hype digital. 

PERO LOS DATA CENTERS NO SON LOS ÚNICOS. 

La Corte Suprema escuchará esta semana un caso que podría redefinir el Voting Rights Act, al permitir que los estados ignoren la composición racial al trazar distritos electorales. Si se aprueba, cambiaría la forma en que se dibuja el poder político y daría a los gobiernos estatales mayor margen para rediseñar los mapas a su conveniencia. Todo esto, justo cuando Trump impulsa nuevas redistribuciones en estados republicanos y los demócratas intentan conservar su influencia en la Cámara. En pocas palabras: mientras unos juegan con líneas eléctricas, otros juegan con las líneas del voto.

• Cuando la nube se baja a tierra. Virginia y Nueva Jersey se convirtieron en imanes para data centers, atraídos por incentivos fiscales y promesas de infraestructura verde. Pero la demanda eléctrica de estas instalaciones es tan alta que las redes locales están al borde del colapso. En el norte de Virginia, los operadores energéticos ya advirtieron que podrían requerir hasta el doble de capacidad en cinco años. Lo que suena a futuro digital se traduce, en términos prácticos, en tarifas más altas y apagones más probables.

• ¿La factura del progreso? Según reportes locales, las tarifas de electricidad en zonas con concentración de data centers se dispararon hasta un 267% en los últimos cinco años. Las compañías tecnológicas pagan tarifas industriales reducidas, pero el costo de reforzar las redes recae en los consumidores. A principios de este año, la consultora Monitoring Analytics estimó que los centros de datos representarán al menos un 63% de los aumentos de precios para el próximo año. Los políticos celebran inversiones millonarias en campañas y conferencias, pero pocos mencionan que el boom tecnológico se está financiando con los bolsillos de los votantes.

• El debate ya llegó a las campañas. En Virginia, candidatos republicanos culpan a la política de energía limpia de los aumentos, mientras los demócratas proponen que las big tech asuman parte del costo energético. En Nueva Jersey, los legisladores discuten un “recargo tecnológico” para financiar la red. En ambos casos, los discursos se cruzan con las encuestas: la inflación energética es hoy uno de los temas que más preocupa a los votantes de clase media.

• Los empleos que se esfuman. El gran argumento político del sector —que los data centers generan trabajo y dinamizan la economía local— se debilita ante los datos. La mayoría de los empleos se concentran en la construcción y mantenimiento, mientras la operación diaria se sostiene con menos de 50 empleados por centro. La ecuación es simple: inversión alta, impacto laboral bajo y un ruido constante. Legisladores locales empiezan a cuestionar si los beneficios justifican las exenciones fiscales.

EN MODO CAMPAÑA 

Las empresas de energía están en una posición incómoda: necesitan expandir sus redes para soportar la demanda, pero enfrentan protestas por los costos y por la construcción de nuevas líneas de transmisión. En Virginia, Dominion Energy se volvió tema de campaña tras admitir que parte del aumento en las tarifas se destina a infraestructura solicitada por las big tech. En Nueva Jersey, las comisiones estatales ya discuten si imponer topes regulatorios a la expansión de data centers.

El asunto no es solo técnico: es político. Los aumentos en las tarifas de luz afectan directamente a los votantes suburbanos, quienes son un bloque clave en cualquier elección. En distritos competitivos, los candidatos ya adaptan su discurso: promesas de “facturas más bajas” reemplazan las de “más innovación”. Paradójicamente, la inteligencia artificial que busca hacer más eficientes las democracias digitales podría terminar decidiendo quién gana en las urnas analógicas.

Entre el dilema y la pared política: mientras la IA avanza, la política intenta alcanzarla. Las autoridades locales se debaten entre sostener el crecimiento tecnológico o proteger a los votantes de sus efectos secundarios. En ambos frentes —el energético y el electoral—, Estados Unidos enfrenta una misma pregunta: ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por el futuro, y quién lo financia? En un clima político cada vez más polarizado, hasta la electricidad se volvió una cuestión partidista.

LO QUE SE DICE
Y LO QUE NO.

Y LOS MÁS DÉBILES, EN LA LÍNEA DE FUEGO

Mientras republicanos y demócratas se pelean por reabrir el gobierno, un punto silencioso del debate amenaza con golpear más fuerte que cualquier cierre: los subsidios del Affordable Care Act. Lo que para algunos legisladores es solo una ficha de negociación, para millones de estadounidenses es la diferencia entre tener o no atención médica. 

Si los subsidios expiran, más de cuatro millones de personas podrían perder su cobertura. Los jóvenes adultos —sí, esos que votan menos pero pagan igual— serían los más afectados. Los datos del Urban Institute muestran que la tasa de no asegurados entre los 19 y 34 años podría subir un 25%. En los estados que no expandieron Medicaid, el golpe sería doble: sin cobertura estatal, sin subsidio federal.

El mapa político no ayuda. Casi el 80% de los inscritos en los mercados del ACA viven en estados que votaron por Trump. Es decir, los más perjudicados por la falta de acuerdo serían, irónicamente, los mismos votantes a los que los republicanos dicen proteger del “gasto excesivo”. Pero del otro lado, los demócratas también juegan con fuego: usar el ACA como moneda de cambio para poner fin al shutdown tiene un costo moral que ningún comité presupuestario podrá ajustar.

Al final, lo que se dice es que esto es un debate fiscal. Lo que no se dice es que detrás de esa palabra —fiscal— hay millones de vidas reales, facturas impagas y hospitales públicos que ya funcionan al límite. En un país donde la salud sigue dependiendo del salario o del voto, los subsidios del ACA son más que una partida en el presupuesto: son un recordatorio un poco incómodo de que el bienestar también es político.

Redactor: Paola Sardiña | Editor jefe: Marcos Marín