¿EL DELITO? CERTIFICAR QUE TODO SEA LEGAL. QUÉ IRONÍA.

Ras Baraka, alcalde de Newark, no fue a romper nada, solo a ver. Pero, terminó arrestado. ¿La excusa? Que entró sin permiso a un centro de detención federal de ICE recién instalado en su ciudad. El mismo que, según denuncian, opera con permisos dudosos y lógica aún más sospechosa. Así que sí. Si te preguntabas qué tan borroso está el límite entre protesta y crimen, aquí tienes la respuesta.

EL DÍA EN HEADLINES.

MAYOR UNDER ARREST POR PROTESTAR CONTRA ICE

El alcalde de Newark, Ras Baraka, terminó arrestado tras protestar frente al nuevo centro de detención de ICE en su ciudad. Baraka se unió a tres congresistas en un intento por inspeccionar el lugar, pero fue detenido tras un altercado con agentes federales. La protesta buscaba denunciar irregularidades en los permisos del centro y cuestionar su papel en la política migratoria del gobierno. ¿Argumentos para el arresto? Bueno… ICE sostiene que los funcionarios irrumpieron sin autorización.

OTRA EXCUSA PARA DETENER SIN EL DUE PROCESS

Stephen Miller dijo que están “activamente considerando” suspender el habeas corpus para inmigrantes. La medida permitiría al gobierno detener sin revisión judicial a quienes cruzan ilegalmente la frontera, argumentando que se trata de una “invasión”. Esta propuesta se enmarca en los crecientes roces entre el Ejecutivo y el Poder Judicial por las deportaciones aceleradas. De aplicarse, sería una acción legalmente y políticamente controversial, ya que solo ha ocurrido en contadas ocasiones en la historia del país, y casi siempre con autorización del Congreso.

ACABAR CON EL PAROLE, A COMO DÉ LUGAR

La administración está tocando todas las puertas para acabar con el parole humanitario. Ahora, pidió a la Corte Suprema que le permita cancelar el estatus legal de más de 500,000 inmigrantes que entraron al país por razones humanitarias bajo el gobierno de Joe Biden. El argumento: fue una decisión discrecional del Ejecutivo y no debería estar atada a revisiones judiciales. Si la Corte accede, podrían revocar el estatus a inmigrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, mientras el litigio sigue. ¿Algo más? Sí, el caso podría sentar precedente para limitar el rol de jueces federales en políticas migratorias.

SOTOMAYOR VS TRUMP: OBJECTION, YOUR HONOR

La jueza Sonia Sotomayor pidió a abogados que defiendan al Poder Judicial ante los ataques verbales (y amenazas) del presidente Trump por fallos que no le favorecen. “No podemos perder esta batalla”, dijo. Su colega Ketanji Brown Jackson alertó sobre amenazas a jueces y represalias políticas por no seguir la línea de la Casa Blanca. Y mientras tanto, Trump sigue pidiendo la cabeza de quienes no piensan como él. Checks and balances, pero make it stressful.

TRANS TROOPS OUT. HEGSETH CUMPLE LA ORDEN

Tras la luz verde de la Corte Suprema, el secretario de Defensa Pete Hegseth activó el reloj: las tropas trans tienen entre 30 a 60 días para irse (o ser expulsadas) del Pentágono. La decisión sigue la orden ejecutiva que define género en binario, y deja sin efecto la política de inclusión de la administración anterior.

TARIFA FRIENDLY: TRUMP BAJA EL TONO (UN POCO) CON CHINA

A días de una reunión clave con China, Donald Trump propuso reducir las tarifas a solo 80%, es poco, pero por algo se comienza. El mismo presidente lo califica como “un gesto”. Un gesto que parece diplomático, pero que sigue siendo un golpe duro —y muy por encima de lo que se esperaba. Pekín, por su parte, no se emocionó: acusó a Estados Unidos de abusar del sistema comercial. Mientras tanto, el mercado tambaleó: subió, bajó y luego se resignó. ¿El fondo? La guerra comercial no ha terminado, solo cambió de tono.

EN PROFUNDIDAD.

SI SALE MAL, NO FUE CULPA MÍA: TRUMP CON LOS TAXES A LOS RICOS.

Algo raro está pasando en Washington: Trump, el fiel defensor del recorte fiscal a los ricos, ahora dice que estaría bien con que les suban los impuestos. Pero no se asusten (ni celebren), porque lo hace con la misma energía con la que uno acepta comer ensalada cuando ya no queda pizza. La idea es crear un nuevo tramo impositivo para los ultra-mega-millonarios (solo los que ganan más de $2,5 millones), con el fin de cerrar un agujero fiscal gigante que viene con su paquete de rebajas tributarias para las clases medias. 

En la teoría, suena a justicia económica. En la práctica, tiene a los republicanos del Congreso muy divididos y enfrentados. Trump lanza advertencias estilo “háganlo, pero no mucho... y si sale mal, fue idea de ustedes”.

• La propuesta de subir el tramo máximo de impuestos al 39.6% suena más radical de lo que es: en realidad, es volver al mismo porcentaje que existía antes de la reforma fiscal de 2017. Pero esta vez solo aplicaría a ingresos ordinarios por encima de $2,5 millones (o $5 millones si eres pareja casada). ¿Traducción? Casi ningún rico real lo notaría, porque los ingresos de esa élite vienen mayoritariamente de ganancias de capital, que seguirían con tasas más bajas. La recaudación esperada es modesta: menos de $30,000 millones al año. Muy poco si lo comparamos con los $5 billones que cuesta el resto del plan fiscal trumpista.

Un partido dividido entre Wall Street y Main Street.

• Dentro del Congreso, la propuesta está generando tensión entre los republicanos que quieren venderse como defensores de la clase trabajadora, y los que no quieren ni oír hablar de tocarle un centavo a sus donantes. Algunos sugieren dejar que expiren los beneficios fiscales de los más ricos, otros hablan de crear una nueva categoría de impuestos “premium”. Pero hay miedo. Temen que subirle los impuestos a los millonarios afecte también a pequeños empresarios, médicos y atletas. Al final, nadie quiere que les pase lo de George H.W. Bush, cuyo famoso “Read my lips: no new taxes” se convirtió en epitafio político.

• Trump asegura que no le molestaría pagar más impuestos "para ayudar a la clase media", pero su equipo económico insiste en que él realmente no es fan de la idea. Es más, parece que todo esto es más un gesto político que una decisión fiscal seria. En el fondo, la Casa Blanca necesita resolver el hueco que dejaría extender las rebajas tributarias de 2017, sin recortar tanto Medicaid ni cupones de comida que molesten a sus bases. 

Ahora, el presidente está en el medio del asunto: quiere extender recortes de impuestos y al mismo tiempo parecer sensible con la clase media, sin enfurecer a los ricos ni dividir del todo a su partido. El ala republicana está dividida, y los números no cierran del todo. Al final, esto parece más una estrategia electoral que una reforma estructural. Pero en política, a veces el gesto vale más que el impacto.

LO QUE SE DICE Y LO QUE NO.

CUANDO EL CASO DE LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO SE VUELVE UN JUEGO DE PODER, JUSTICIA Y CONTROL.

El próximo 15 de mayo, la Corte Suprema escuchará el caso Trump v. CASA, y aunque todo suena a un debate sobre si se puede o no quitar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos, en realidad el fondo del caso parece ser otro. Sí, el intento del presidente de cambiar el derecho constitucional al “jus soli” es grave y, como han dicho varios jueces, claramente inconstitucional. Pero lo que está en juego no es solo eso: es quién puede frenar decisiones presidenciales a nivel nacional, y cómo. Y ese detalle tiene más peso del que parece.

Desde hace algunos años, los jueces federales han emitido lo que se llaman injunctions o medidas cautelares que aplican a todo el país. Si un juez declara que una orden ejecutiva es ilegal, puede detenerla, no solo para quienes presentaron la demanda. Pero esto ha creado tensiones entre poderes y también desigualdad política: lo que se permite bloquear a un presidente, no siempre se le permite al otro. ¿Es justo que una sola persona pueda congelar políticas nacionales para todos, o se está abusando de esa herramienta?

Ahí es donde la Corte entra con su lupa. Porque aunque Trump haya perdido el primer asalto —sus abogados ni siquiera intentan defender su orden de quitar ciudadanía—, quieren limitar hasta dónde puede llegar el bloqueo. Si ganan, el poder de los jueces federales se recortaría, y eso le abriría la puerta a un presidente para aplicar medidas incluso cuando otro juez ya las declaró ilegales… al menos hasta que otro tribunal superior decida lo contrario. Eso puede sonar técnico, pero afecta directamente a la capacidad de respuesta frente a abusos de poder.

Aunque este caso en particular sí parece justificar una medida nacional (porque afecta a miles de personas y sería inviable aplicarlo solo a algunos), la Corte podría estar usando este ejemplo para sentar un precedente más general. Uno que limite el uso de las “injunctions” en el futuro. Así que lo que se dice es que este caso va sobre ciudadanía. Pero lo que no se dice tan alto es que también es una pelea por el alcance del poder judicial frente al ejecutivo. Y eso, gane quien gane, nos afecta a todos.

NO ME DIO TIEMPO DE EXPLICARTE.

• Donald Trump revive su plan de bajar precios de medicinas atándolos a los de países como Alemania o Canadá. Lo intentó en 2020 y lo frenaron los laboratorios. Ahora va por decreto y con más presión política.

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