Romper el sistema judicial (a como dé lugar)

👀 Santos irá a prisión

El excongresista George Santos fue condenado a siete años de prisión tras declararse culpable de fraude electrónico e identidad agravada. El juez lo llamó un “estafador arrogante” y le ordenó pagar más de $373,000 en restitución. ¿Qué dice la sentencia? Usó donaciones de campaña para gastarse el dinero en lujos personales. Su expulsión del Congreso fue histórica: el primero en ser echado sin condena previa desde la Guerra Civil. Deberá entregarse a las autoridades antes del 25 de julio.

🎓 Devuelven visas a estudiantes

Tras fuertes críticas judiciales, el Departamento de Justicia revirtió la cancelación de miles de registros de estudiantes extranjeros en Estados Unidos. Las expulsiones, basadas en infracciones menores ya desestimadas, provocaron más de 100 demandas en 23 estados. Jueces calificaron la medida como “ilegal y arbitraria”. Mientras tanto, ICE trabaja en una nueva política para revisar los visados estudiantiles. Aún no está claro si también se restaurarán las visas canceladas por el Departamento de Estado.

💬 Signalgate al paredón

Una demanda exige que altos funcionarios del gobierno entreguen tres meses de mensajes en Signal relacionados con bombardeos en Yemen. La demanda alega que estas comunicaciones podrían violar leyes de registros públicos. La polémica creció luego de saberse que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, volvió a usar Signal para hablar sobre operaciones militares. ¿El detalle? La información la compartió con su esposa y abogado en ese mismo chat.

💸 Trump va contra ActBlue

El presidente ordenó al Departamento de Justicia investigar a ActBlue, la principal plataforma de donaciones demócrata, por presunto uso de donantes ficticios y fondos extranjeros. La medida fue calificada por ActBlue como un ataque político “ilegal y sin fundamentos”. Según la Casa Blanca, comités republicanos detectaron más de 20 campañas de fraude. Los demócratas acusaron a Trump de querer silenciar la participación electoral.

🌍 Crimea, la manzana de la discordia

Donald Trump volvió a presionar a Ucrania para que ceda territorio, afirmando que “Crimea se queda con Rusia” como parte del acuerdo de paz para que se termine la guerra. ¿Un punto de inflexión? El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, sugirió que se debe considerar entregar tierras para lograr el fin del conflicto. Por ahora, Zelenskyy se mantiene tranquilo con su postura: no cederá territorio.

Una decisión que puede considerarse el ejemplo más real de cómo la Casa Blanca está dispuesta a traicionar las normas, acabar con la institucionalidad democrática de Washington e intimidar a sus oponentes ideológicos (independientemente si es un político, una organización o un juez).  Kash Patel, director del FBI, confirmó el arresto de la jueza Hannah Dugan en Wisconsin por presuntamente evitar que ICE arrestara a un inmigrante indocumentado que estaría acusado de un delito menor. Pero, más allá de que la jueza intentara o no ayudar a un inmigrante, su arresto manda un mensaje de cómo el gobierno está dispuesto a romper el sistema judicial para cumplir con su agenda. 

Distopía judicial. ¿Será así en los próximos cuatro años? Los enfrentamientos con el sistema judicial de la administración están subiendo el tono y podrían llevar a la justicia a un laberinto sin salida. 

• Hannah Dugan, con más de una década en el tribunal, fue arrestada por presuntamente sacar a escondidas a un inmigrante indocumentado que debía ser detenido por agentes de ICE. ¿El detalle? La orden que llevaban los agentes no era judicial, sino administrativa. Y a la jueza, al parecer, no le pareció suficiente para convertir su sala en sala de espera de deportaciones. A la jueza se le acusa de obstrucción o impedimento de un proceso y ocultación de una persona para evitar su descubrimiento y arresto.

• Pero, la administración también ha sido señalada –en diferentes tribunales– por seguir deportando a personas protegidas por decisiones de jueces federales. ¿No es eso también obstrucción? La ironía, como siempre, se sirve mejor cuando viene con uniformes oficiales y cámaras en la entrada del tribunal.

• Según el FBI, Dugan "intencionalmente" desvió a los agentes para impedir la detención de Eduardo Flores-Ruiz, un inmigrante que enfrentaba cargos por violencia doméstica y que había reingresado al país tras una deportación previa. La narrativa oficial: la jueza actuó fuera de la ley.

Las dos caras de la moneda.  Por un lado, el presidente Donald Trump sabe que su base MAGA aplaude su agenda y castiga a los jueces blandos. Pero, en la otra cara, la situación está cambiando: las últimas encuestas muestran que este tipo de decisiones no son respaldadas por los votantes. El público, incluso el republicano, empieza a ver con desconfianza que el presidente ignore órdenes judiciales o castigue jueces. A veces, cuando aprietas demasiado una cuerda institucional... termina rompiéndose. 

¿Qué significa cuando el poder judicial empieza a pagar las consecuencias de no alinearse con el poder ejecutivo? En esta historia, no se trata solo de una jueza y un migrante: se trata de la independencia de los jueces en un país que, al menos en teoría, construyó su democracia sobre la separación de poderes. 

Elon Musk llegó a la Casa Blanca con un objetivo: reiniciar el sistema completo. Se presentó como el outsider definitivo y el –gran– solucionador de problemas. Prometió cortar $2 billones del gasto federal con la misma seguridad con la que prometió autos voladores. ¿Resultado? Una administración más delgada, sí, pero también más desorientada, enfrentada y con serios síntomas de burnout institucional. ¿Era esto la eficiencia de la que se hablaba?

Un legado de autodestrucción. 

Musk no solo cortó presupuestos, cortó relaciones y reputaciones. En el proceso de limpiar el gobierno, quemó puentes con medio gabinete, dejó a la mitad de las agencias federales, y a sus propias empresas —como Tesla— lidiando con crisis internas, protestas globales y hasta ataques violentos. 

Pero, la destrucción no solo fue en el gobierno, salpicó a sus empresas y a su fortuna: perdió $122,000 millones en el año, casi lo mismo que supuestamente "ahorró" con DOGE (si uno cree en esa contabilidad creativa, claro).

DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, empezó como un proyecto patriótico con aroma a start-up y terminó pareciendo más bien un episodio de Black Mirror con presupuesto federal. Entre sus greatest hits están: desmantelar USAID, intentar borrar la oficina de protección financiera del consumidor y colarse en sistemas de pagos del Tesoro. Todo en nombre de la eficiencia, pero dejando al paso instituciones en un hoyo y procesos rotos.

El legado más duradero no serán los dólares ahorrados, sino el cambio de ADN en la forma en que operan las agencias del gobierno. Y aunque Musk parece que sigue siendo el favorito de Trump, la percepción pública está lejos de ese entusiasmo. La caída en sus índices de favorabilidad lo demuestran. 

Musk se va de DOGE con menos amigos, menos dinero, y más enemigos en el sistema judicial que nunca. Pero también se queda con una red de leales en cargos clave, una narrativa de “agente” del cambio y un puesto vitalicio en la imaginación política estadounidense. En palabras de Trump: “no necesitaba hacer esto”. Y, quizás, ese fue siempre el problema: que lo hizo porque podía, no porque debía. El daño ya está hecho, y el gobierno —como tantas veces ocurre con las ideas brillantes mal aplicadas— tendrá que aprender a sobrevivirlo.

• El ánimo se fue al piso (otra vez). La confianza del consumidor cayó como piedra en abril. ¿La culpa? La inflación que no se va y la guerra comercial de la Casa Blanca, que sigue echándole leña al fuego.

• California ya es más rica que Japón. El estado ya es la cuarta economía más grande del mundo tras alcanzar los $4.1 billones de PIB y en la Casa Blanca ya sienten celos.

Redactor: Paola Sardiña
Editor: Marcos Porras